Resumen:
Con sustento en la reforma constitucional de 1994, se formalizaron los llamados “derechos
de incidencia colectiva”, en donde se reconoció el derecho de usuarios y consumidores a su
protección no solo en su faz individual, sino también colectiva. Como resultado, se permitiría
introducir pretensiones jurídicas de sujetos que, con anterioridad, se enfrentaban al sistema
judicial sin una herramienta que tutele un acceso a la justicia en clave colectiva. Ante el
silencio legislativo y la ausencia de una ley que regule en forma adecuada la discusión luego
de su reglamentación, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, a través de
distintas resoluciones judiciales y acordadas, “reglamentó” el derecho a impulsar causas
colectivas.
Este trabajo de investigación buscó conocer y determinar cómo la ausencia de una normativa
completa, adecuada y sistémica afecta la tutela de los derechos de usuarios, consumidores y
asociaciones. Para eso, la delimitación que abarca la tesis se enfocó en analizar en
profundidad casos llevados adelante por aquellos sujetos, para precisar qué aportes realizan,
en pos de acceder a la justicia con seguridad jurídica, en clave participativa y en procura de
garantizar el derecho a un debido proceso colectivo.
Descripción:
Palabras clave: Procesos colectivos, Asociaciones, Usuarios y consumidores, Acceso a la justicia
