En 2014, los países del Triángulo Norte de Centroamérica firmaron un acuerdo de integra-ción económica y para la seguridad, la Alianza para la Prosperidad (ALPRO). Esta iniciativa se concretó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo la supervisión del gobierno estadounidense. La Alianza plantea reformas en el ámbito de la producción de energía, los transportes, aduanas e impuestos, en el sector educativo y laboral, así como una “modernización” de las instituciones públicas y especialmente del sector judicial, la policía y las Fuerzas Armadas de los países firmantes. Todas medidas destinadas —supuestamente— a disminuir la violencia, la corrupción, la ineficiencia y los altos niveles de pobreza. Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la ALPRO se promociona como una extensión del “exitoso” Plan Colombia. Las principales críticas surgen en torno al tipo de dinámica económica que se pretende consolidar; la “modernización” institucional que se está promo-viendo y la securitización en el marco de la guerra contra el narcotráfico; todas condiciones necesarias para garantizar el libre comercio. El tipo de integración que busca concretarse a partir de estos ejes tiende a beneficiar a una minoría privilegiada, más que apuntar a cambios sustanciales en materia de justicia social, consolidando un patrón histórico de dependencia respecto de los lineamientos económicos y políticos impulsados desde Estados Unidos, re-forzando el protagonismo de las elites locales.
In 2014 the Central American Northern Triangle countries signed an economic and security integration treaty, the Alliance for Prosperity (ALPRO). This initiative was or-ganized with the Inter-American Development Bank (BID) and under US government supervision. The Alliance propose several reforms in different dimensions including the production of energy, transports, customs and taxes, in the educational and labor sector, as well as in judicial system, police and the army in order to modernize these institutions. All the measures are –supposedly- oriented to diminish violence, corruption, the inef-ficient public institutions and the high levels of poverty within the region. From the US government perspective, the ALPRO is considered an expansion of the “successful” Co-lombia Plan. The main critics to the ALPRO are focused in the economic dynamics that tend to impose, the institutional “modernization” and the securitization within the frame of the war on drugs; all necessary steps to guarantee the function of free market. This kind of integration tends to benefit the privileged minority, instead of leading to changes to achieve more social justice. It also consolidates the historical pattern of dependency in the relations between Central America and the US, reinforcing the role of local elites.
