En América Latina, el 15% de las mujeres son trabajadoras domésticas remuneradas. Esta ocupación se realiza casi en el 80% de los casos bajo la informalidad, por lo que se trata de una ocupación sin protección social ni derechos laborales. A su vez, la salud de las trabajadoras domésticas debe considerarse, al menos, bajo una triple determinación: la precarización del empleo, las desigualdades de clase social, y las de género. Es importante generar marcos normativos que reduzcan las desigualdades en salud de los/as trabajadores/as precarios/as, en este sentido, Argentina y Uruguay promovieron la promulgación de leyes laborales sobre trabajo doméstico remunerado. En el presente artículo se describen las experiencias entre ambos países sobre los alcances e impactos en la salud del proceso de regularización de este empleo. Sin embargo, se observa un impacto limitado de la formalización del empleo en el trabajo doméstico remunerado, con dificultades para aplicar el modelo de protección del trabajo asalariado tradicional. La legitimación de los derechos también puede llevar a la salud pública y a la salud de los/as trabajadores/as hacia nuevos desafíos y tensiones, que se agravan en el contexto de la pandemia por covid-19.
In Latin America, 15% of women are paid domestic workers. Being a job without social security or labor rights, almost 80% of this work is done informally. In this sense, the health of these domestic workers should be considered at least under three aspects: precarization of work, social inequality, and gender inequality. Before the need for regulatory frameworks aimed at reducing health inequalities among informal workers, Argentina and Uruguay promoted the enactment of labor laws regarding paid domestic work. This study describes the experiences of both countries, considering the scope and impact of this formalization process on health. The results indicate that formalizing paid domestic work had but a limited impact, with difficulties in applying the traditional model of paid work protection. This legitimation of labor rights may also pose more challenges and tensions for public health and occupational health, which are worsened in the context of the covid-19 pandemic.
